Medidas para desacelerar la economía
El Congreso de la
República, con la conducción de su titular, Ana María Solórzano Flores, aprobó
por mayoría el proyecto de ley que contiene una serie de medidas de carácter
tributario orientadas a incentivar el crecimiento económico, mejorar la
competitividad y promover la eficiencia de las empresas del Estado de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, mediante la
participación de la inversión privada.
El dictamen,
remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, fue aprobado en
primera vuelta con el voto a favor de 66 congresistas, 15 votos en contra y 25
abstenciones, después de que se le hiciera diversas modificaciones, como
respuesta a las críticas y cuestionamientos que recibió el dictamen durante el
debate de más de dos horas, por parte de congresistas de oposición.
El proyecto, que
será sometido a una segunda votación en una próxima sesión plenaria, fue
sustentado por el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e
Inteligencia Financiera, Casio Huaire Chuquicaico (PP), quien explicó que el
documento tenía por objeto establecer medidas para promover el crecimiento
económico del país.
El dictamen, que
consta de 26 artículos, seis disposiciones complementarias transitorias, ocho
modificatorias y una derogatoria, propone medidas de corte tributario a fin de
lograr menores costos de tributación, principalmente en la etapa preoperativa
de los proyectos de inversión, simplificar los trámites administrativos y lograr
mayor predictibilidad en la ejecución de los mismos.
Una segunda meta
es promover la inversión y mejorar la competitividad con un mayor impulso a las
inversiones públicas y privadas, facilitando el comercio exterior, promoviendo
el turismo, la transparencia de servicios, costos y mecanismos de defensa del
usuario del comercio exterior e incorporando la participación privada en las
empresas de energía eléctrica del Estado para impulsar las inversiones y
mejorar la calidad del servicio.
Entre las medidas
tributarias, la iniciativa del Ejecutivo busca dinamizar las decisiones de
inversión a través de la creación de un régimen de depreciación excepcional y
temporal para los contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta,
aplicable a los edificios y construcciones edificados entre 2014 y 2016.
Para ello se
propone incrementar la tasa de depreciación del 5% al 20% para inversión
destinada al desarrollo empresarial de los edificios y construcciones
adquiridos o construidos en ese período, y establecer como condición para
acceder al beneficio temporal que a fines del 2016 la obra presente un avance
de al menos 80%.
Así mismo, la
proposición se orienta a corregir los efectos financieros detectados de una
doble imposición económica en operaciones de importación de bienes materiales y
bienes intangibles gravados con IGV, sea por la utilización de servicios en el
país y por importación de bienes corporales que se realizan en virtud a un
contrato de obra, celebrado bajo la modalidad de llave en mano y a suma alzada.
Precisamente, el proyecto propone eliminar esos supuestos de doble imposición
detectados.
Críticas de la Oposición
Al inicio del
debate, el congresista Carlos Bruce (CP) opinó que el proyecto era “muy
conveniente para el largo plazo, pero no va a servir de nada para el corto
plazo”, porque la participación del sector privado en energía eléctrica demora
varios años, y la modificación del sistema tributario solo mejorará la
recaudación de la SUNAT pero no servirá para promover la economía.
A la crítica se
sumó su colega Rosa Mavila (AP-FA) para quien se estaría buscando desacelerar
la economía con medidas administrativas, sin considerar los costos de su
aplicación, los beneficios que se espera lograr y su impacto en términos
presupuestales.
La legisladora
propuso que el proyecto pasara a las comisiones de Presupuesto y de Vivienda y
Construcción, para un mayor estudio, y determinar, entre otros, el monto que
dejará de percibir el Estado con las exoneraciones al sector privado.
Manuel Dammert (AP-FA)
también criticó que con el proyecto en debate se pretendiera, en su concepto,
privatizar las empresas eléctricas, tras afirmar que el Gobierno “no tiene
respuesta a la crisis económica”; en tanto que su colega Natalie Condori (DyD)
criticó que, en lugar de promoverse las empresas públicas, se buscara
debilitarlas.
De otro lado,
Rubén Condori (NGP), presidente de la Comisión de Presupuesto, consideró
necesarias las medidas tributarias propuestas, por cuanto un país no puede
progresar con impuestos altos. Afirmó que el dictamen proponía la
simplificación administrativa y la eliminación de los trámites engorrosos que
obstaculizan las inversiones y aumentan los costos.
Su colega Julia
Teves (NGP) opinó que el proyecto buscaba promover inversiones en nuestro país
en momentos que diversos organismos internacionales destacan las condiciones
favorables que se presentan y las buenas predicciones de nuestra economía.
En el mismo
sentido, Johnny Cárdenas (NGP) explicó que se trataba de “medidas expansivas”
que tienen relación con la recaudación de impuestos, con la finalidad de
expandir los servicios a sectores menos favorecidos, que hoy no se ejecutan por
los engorrosos trámites y procedimientos vigentes.
En la parte final
del debate, que se prolongó por más de dos horas, Jorge Rimarachín (DyD) se
sumó a la cuestión previa planteada inicialmente por Mavila León, para que el
proyecto volviera a comisiones, para un mayor análisis.
Sin embargo, la
cuestión previa fue desestimada con 71 votos en contra, la posición a favor de
31 congresistas y una solitaria abstención.
Igualmente, la
Representación Nacional desestimó exonerar de segunda votación al dictamen con
67 votos en contra, mientras que 36 se pronunciaron a favor y cinco por la
abstención.
Fuente: PRENSA-CONGRESO (jv)
