En el Perú, la mayoría de
operaciones mineras se encuentran en zonas donde la población local se dedica
principalmente a labores agropecuarias de pequeña escala.
El desarrollo minero
en estas localidades ha traído consigo un conjunto de cambios sociales y
económicos que ciertamente han impactado en la vida de los pequeños agricultores.
En este escenario, los agricultores locales, las empresas y sobre todo el
Estado afrontan un conjunto de retos para hacer viable la difícil convivencia
entre minería y agricultura. En particular, podemos reseñar tres retos.
La competencia por el agua y la tierra
El primero es el reto de
establecer una correcta regulación en el acceso y uso de recursos naturales
locales. Las nuevas técnicas de extracción minera hacen uso de importantes
cantidades de recursos, como agua y tierra, vitales para el desarrollo
agrícola. La competencia por el acceso y uso del agua ha probado ser uno de los
temas que más conflicto ha causado entre las compañías mineras y los
agricultores. El caso del proyecto Conga, en Cajamarca, donde buena parte del
debate se ha centrado en el uso minero de cuatro lagunas altoandinas —que según
los opositores al proyecto dejaría sin agua a gran cantidad de agricultores—,
es tal vez el caso más conocido, pero de ninguna manera el único.
La respuesta de muchas empresas
ha sido ofrecer compensaciones monetarias y no monetarias por el acceso y uso
de recursos locales, pero estas soluciones han demostrado ser insuficientes.
Por un lado, las compensaciones monetarias no se han invertido en mejorar el
manejo del agua o el acceso a nueva tierra, sino que han terminado fomentando
el consumo de bienes suntuarios2. Por otro lado, cuando la empresa ha buscado
construir reservorios o entregar nuevas tierras en compensación, ha tenido
serios problemas para asegurar suficiente agua o encontrar tierras: en la
vertiente occidental de los Andes, donde se ubican la mayoría de minas, la
tierra arable y el agua disponible son recursos limitados. Asimismo, las
mineras han ofrecido mantener la calidad del agua, pero su capacidad para
cumplir esta promesa está en debate.
El impacto económico de la minería en el agro
El segundo reto es evitar que la
dinámica económica minera afecte indirectamente la economía agrícola al
encarecer la mano de obra y el costo de vida. El pago de la mano de obra
minera, ya sea estable o temporal, generalmente es muy superior al de la
agrícola. El jornal minero puede duplicar o triplicar el jornal agrícola, por
lo que muchos campesinos prefieren esperar una oportunidad de trabajo en la
mina antes que aceptar emplearse en el campo, a menos que el pago aumente. Este
cambio en el mercado laboral supone un paulatino aumento en el jornal agrícola
y, por lo tanto, un encarecimiento en los costos de producción. Cuando los
campesinos dependen de jornaleros y tienen márgenes de ganancia pequeños, puede
que cultiven a pérdida o sencillamente dejen de cultivar.
Asimismo, los relativamente altos
jornales mineros pueden generar un proceso inflacionario en las localidades con
mercados poco diversificados. El mayor poder adquisitivo incentiva la demanda.
En lugares donde el acceso a mayor cantidad y diversidad de productos tiene un
coste significativo, este crecimiento de la demanda redunda en un
encarecimiento de los precios. Los pobladores que acceden a algún tipo de
empleo minero pueden afrontar el mayor coste de vida, pero para la gran mayoría
de agricultores locales el impacto es significativo.
Con menores ganancias por el
costo de mano de obra y con un costo de vida más elevado, algunos agricultores
pueden pensar en cambiar de rubro: por ejemplo, vender servicios a los
empleados mineros. Así, los campesinos pueden encontrar más oportunidades
económicas cambiando la lógica productiva agrícola por una rentista,
dependiente del desarrollo minero.
Horizontalidad en las relaciones comunitarias
El tercer reto es el
institucional: la presencia minera exige, ante el vacío de regulación estatal,
que las autoridades campesinas —como presidentes de comunidad o de ronda—
negocien en forma directa el acceso y uso de recursos locales. Esto supone un
reto político enorme para organizaciones y autoridades que se han formado como
ordenadores de labores agropecuarias y no como negociadores locales ante
empresas multinacionales con mayores recursos jurídicos y económicos. Por ello,
no debería sorprender que muchas autoridades locales se vean sobrepasadas por
el encargo y terminen entrando en conflicto con las mineras o con sus propios
representados.
Las empresas mineras han buscado
asesoramiento profesional para seguir las guías de relacionamiento social
preparadas por organismos multilaterales, como las políticas operativas del
Banco Mundial, o para establecer políticas nuevas que mejoren su desempeño
social. Las corporaciones más responsables han constituido equipos
profesionales de relaciones y desarrollo comunitario, así como fundaciones que
trabajan con las ONG con el fin de implementar programas de asistencia y
desarrollo en los poblados ubicados dentro de lo que consideran su «área de
influencia».
Sin embargo, los esfuerzos
corporativos han seguido —como es esperable— una lógica de negocios donde la
viabilidad del proyecto rige la intervención. Por ello, se hace evidente la
falta de plataformas institucionales públicas que puedan regular la relación
entre empresas y comunidades locales en el marco de planes concertados de
desarrollo a escala local y regional. El Estado debería enmarcar la minería en
un plan de desarrollo territorial nacional y no buscar que otras actividades,
como la agricultura, se adecuen al desarrollo minero.
Los tres retos planteados surgen
en el contexto de un modelo de desarrollo que ha privilegiado la minería sobre
la agricultura y la gran agricultura sobre la pequeña. El Estado no ha
entendido que para viabilizar socialmente el desarrollo minero debe garantizar
también el desarrollo de las labores agrícolas que dan sustento a la mayoría de
pobladores en zonas mineras. En este sentido, el gobierno actual tiene el deber
de hacer los cambios políticos necesarios que le den contenido a su promesa de
establecer una «nueva relación con la minería». ¿Es posible
que el desarrollo minero conviva con un desarrollo agrícola como parte de esta
nueva relación? Tal vez, pero para ello el Estado debe asumir un rol
protagónico en diseñar, impulsar e implementar políticas de regulación minera y
fomento de la pequeña agricultura.
Notas
1 Investigador principal de sobey docente de la PUCP.
2 Aquel bien o producto de lujo
cuyo consumo o demanda, ante el aumento en el ingreso real de las personas,
incrementa su propio consumo o demanda en una proporción mayor.
Fuentes:
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