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miércoles, marzo 10, 2010

GOBIERNO REGIONAL Y CORTE DE JUSTICIA FIRMAN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL


Desarrollarán estudios, investigaciones y hasta proyectos de obras públicas

Un convenio de cooperación interinstitucional firmó el Gobierno Regional de Lambayeque y la Corte Superior de Justicia con la finalidad de impulsar acciones comunes en materia de estudios, investigaciones y prestación de servicios entre ambas entidades.

En señal de alianza, la presidenta Nery Saldarriaga y el titular de la Corte, Ricardo Ponte Durango, colocaron sus respectivas rúbricas, durante un acto desarrollado este mediodía en el auditorio de la sede regional.

El documento oficial también contempla que ambas instituciones desarrollarán acciones para impulsar la cooperación técnica no sólo en materia de estudios, sino también en la elaboración, evaluación y ejecución de proyectos de obras públicas.

En su intervención, la presidenta Nery Saldarriaga dijo que en todo momento el Gobierno Regional de Lambayeque mantiene un alturado respeto por las decisiones judiciales, y ahora se unen en un compromiso interinstitucional que fortalecerá el accionar de ambas entidades, en la prestación de servicios.

Por su parte, Ponte Durango señaló que este convenio contribuirá a brindar un mejor servicio de administración de justicia.

En el texto se recuerda que el Gobierno Regional emana de la voluntad popular y es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Constituye para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo.

Mientras que el Poder Judicial es una entidad del sector público con personería jurídica de Derecho Público, que goza de autonomía en asuntos de su competencia, siendo una de sus principales funciones la de administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y las leyes. Asimismo, garantiza la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, contribuyendo al Estado de Derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional.