El Ministerio Público determinó que las denuncias sobre presuntas irregularidades en torno a la propuesta de Iniciativa Privada del Proyecto Olmos, interpuestas contra funcionarios regionales, no tienen mayor sustento, y cerró definitivamente la investigación.
De esta manera, la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lambayeque confirmó el veredicto emitido por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, que dispuso la no procedencia de investigación a la presidenta Nery Saldarriaga y gerente del PEOT, Enrique Salazar, quienes fueron denunciados por los supuestos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; colusión y corrupción de funcionarios en su modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Como se sabe, la queja elevada a la instancia Superior, fue interpuesta por el ex decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Galvarino Castro; el decano del Colegio de Abogados, Carlos Martínez Oblitas; y por el decano del Colegio de Periodistas, Luis Carbajal Gravello.
La decisión del titular de la acción penal, indica que los hechos denunciados no se adecúan al delito denunciado y deja en claro que ya han sido declarados inadmisibles en un proceso de amparo que interpuso, en su momento, la autoproclamada Comisión de Apoyo y Defensa de los Grandes Proyectos Regionales de Lambayeque.
Es por ello que el Ministerio Público concluye que no existe abuso de autoridad, colusion, omisión ni aprovechamiento del cargo ni en las autoridades ni funcionarios regionales. Asimismo, la disposición fiscal tampoco advierte cohecho en los representantes del Consorcio Irrigación Olmos, Juan Andres Marsano y Ramesh Behari Agrawat Fernández.
El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el vicepresidente Luis Becerra; el gerente regional, Marco Cardoso, y la consejera delegada Adela Saavedra.
Cardoso precisó que este veredicto confirma que en torno a la Iniciativa Privada (IP) -planteada para hacer realidad la fase de irrigación del Proyecto Olmos- se ha actuado con transparencia, y ratifica lo que en su oportunidad manifestó la Contraloría General de la República, organismo que descartó irregularidades en la IP. “No cabe la menor duda que en el Gobierno Regional de Lambayeque, sí actuamos con transparencia”, subrayó.
Asimismo, dijo que los denunciantes han querido sorprender a la opinión pública lambayecana, por lo que se espera de ellos una disculpa pública que les permita reivindicarse.
Por su parte, Becerra señaló que los quejosos no sólo han agraviado a las autoridades y funcionarios sino a Lambayeque, porque ellos representan a todo un pueblo. Además hicieron perder tiempo en el proceso de aprobación de la IP.
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