Trabajadores contratados bajo el régimen del decreto legislativo 1057, es decir Contratados Administrativos de Servicios – CAS, que se desempeñan en diferentes entidades estatales de Lambayeque, se movilizaron por las principales calles de Chiclayo en protesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que “autoriza” despidos arbitrarios.
Desde las 10 de la mañana los empleados de la sede del Gobierno Regional, Dirección Regionales de Educación, Dirección Regional de Salud, Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque, Cofopri y de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, marcharon hasta la Gobernación Política para alcanzar un memorial advirtiendo que la decisión del TC atenta contra la estabilidad laboral de miles de CAS en el país.
La movilización fue convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores Contratados Administrativos de Servicios-SUTCAS del Gobierno Regional de Lambayeque.
Los servidores públicos se concentraron en la biblioteca municipal Eufemio Lora y Lora, e iniciaron su recorrido por las avenidas Grau, Bolognesi, Saenz Peña y Pedro Ruiz, culminando en el Parque Obrero de Chiclayo.
La protesta encontró respaldo en los dirigentes de gremios sindicales de Lambayeque como el SITAEL, CGTP y el Sindicato de Trabajadores de los Centros Periféricos de Salud, quienes se sumaron a la movilización.
El secretario general del SUTCAS, Milton Asunción Cruz, indicó que la sentencia emitida por el TC en octubre, atenta contra la estabilidad laboral, pues “autoriza” al empleador a despedir unilaterlamente a los trabajadores CAS reconociendo sólo la indemnización y no su reposición, violentando así el derecho al trabajo establecido en la Constitución Política del Estado y consumando un abuso que atenta contra la estabilidad laboral.
En el expediente Nº 03818-2009-PA/TC, el Tribunal Constitucional ordena en el 3er párrafo del 5to fundamento de la sentencia bajo examen, que: “…En sentido similar, debe enfatizarse que a partir del 21 de septiembre de 2010, ningún juez del Poder Judicial o Tribunal Administrativo de carácter nacional adscrito al Poder Ejecutivo puede inaplicar el Decreto Legislativo Nº 1057, porque su constitucionalidad ha sido confirmada…” Con lo cual explícitamente se ordena a los jueces de todo el país a declarar improcedentes las demandas cuando el trabajador despedido, solicite la reposición a su centro de trabajo, ya sea a través del proceso de amparo o contencioso administrativo.
“No es posible que ante un despido injustificado o la no renovación de los contratos a servidores con más de 10 años de permanencia, el empleador proceda a indemnizar al trabajador pagándoles dos remuneraciones, sin permitirles su reincorporación.
No tendríamos opción de acudir al Poder Judicial para el reconocimiento de nuestros derechos”, indicó el dirigente.
Asunción Cruz, recordó que si bien el TC declaró infundada por la forma y por el fondo, la demanda de inconstitucionalidad planteada por más de 5 mil ciudadanos en contra del D.Leg. 1057 que regula la Contratación Administrativa de Servicios, reconoce sólo algunos derechos.
“El mismo tribunal constitucional se contradice.
En su primer resolución reconoce que el CAS es un nuevo régimen laboral “especial”, y otorga algunos derechos laborales, que la Constitución reconoce, como el descanso remunerado y seguridad social, pero con su última sentencia vulnera la estabilidad de los empleados públicos”, puntualizó.
Agregó que “exigimos un pronunciamiento de los congresistas. Exigimos la derogatoria del decreto legislativo 1057 que es lesivo para los intereses de miles de familias. Desde Lambayeque levantamos nuestra enérgica voz de protesta por la defensa de los derechos de la masa laboral”.
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