El
MINEDU asume funciones de la
Asamblea Nacional de Rectores, y desde el 1° de enero la SUNEDU será responsable de expedir grados y títulos, y de dar
licencia a universidades.
Han
pasado varias semanas desde la tarde en que se aprobó la Ley Universitaria en
el Pleno del Congreso. Desde entonces hasta hoy se han entablado una serie de
demandas y se han realizado manifestaciones en contra de esta norma. Lo certero es que el Ministerio de
Educación tiene la meta de terminar de implementar la norma antes de fin de
año.
Esto
pese a que un nutrido grupo de rectores aún se opone a la aplicación de la Ley
Universitaria, entre los que se encuentra Pedro Cotillo, rector de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Incluso, a través de la novicia
Asociación de Universidades del Perú (ASUP), los ex dirigentes de la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR) buscan integrar el Consejo Nacional de la
Magistratura (CNM), aunque esto no interferiría para nada en la adecuación de
la norma.
"Es
verdad que el plazo para el funcionamiento de la Superintendencia era el 3 de
diciembre, pero este podría extenderse hasta el 31 de ese mes. Esto porque se
tienen que hacer unas coordinaciones con el Ministerio de Economía para
habilitar el pliego de la Sunedu",
explica el asesor jurídico del Minedu,
Juan Antonio Trelles, quien afirma que la ANR ha entorpecido el trabajo del
sector Educación en la transferencia de información.
Se
debe recordar que a fines de octubre, el
Minedu desactivó 14 órganos de la ANR, entre ellos el Consejo para la
Autorización del Funcionamiento de Universidades (Conafu).
De
esta manera, la ANR prácticamente quedó solo con la función de cerrar sus
pliegos administrativos y presupuestales. Algunos de estos trámites concluirán indefectiblemente el 31 de diciembre, fecha en que
se cierra el año fiscal.
Mientras
tanto, el Minedu ya ha asumido las
principales funciones que tenía la ANR, como son la tramitación de los grados y
títulos. Esta facultad se trasladará íntegramente a la Sunedu desde el 1° de enero.
LA RESISTENCIA
Sin
embargo, a pesar de que han transcurrido más de cuatro meses de la promulgación
de la ley, esta aún genera cierta resistencia de parte de la comunidad
académica. La mayoría de los cuestionamientos están basados en las facultades
que tendría la Sunedu.
"A
mí particularmente no me motiva el tema de la calidad por la existencia de una
superintendencia que es solo un ente de control y vigilancia, y que además está
a cargo del Ejecutivo", opina el ex viceministro de Educación Idel Vexler,
quien plantea que se debe poner más énfasis a la calidad.
A
esto se le debe sumar la ASUP que ha presentado dos candidaturas al CNM.
Primero la de Orlando Velásquez, rector de la Universidad Nacional de Trujillo
y presidente de la casi desactivada ANR, y también está la de Enrique Bedoya,
autoridad máxima de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y vicepresidente
del gremio de rectores.
Ambas
candidaturas han sido cuestionadas. En el caso de Velásquez por tener denuncias
pendientes ante el Poder Judicial y en el de Bedoya porque al tener 73 años
excedería la edad límite para ejercer el cargo en el CNM.
Lo que queda a la
comunidad universitaria será esperar a que a fin de año la ANR termine por
liquidar su contabilidad.
Mientras tanto, la Sunedu se irá armando
para convertirse en el nuevo ente rector de las universidades.
3 UNIVERSIDADES DE
PROVINCIA CON NUEVO ESTATUTO
El
otro ámbito en el que la ley se debe implementar son las propias universidades
públicas que deben adecuar sus estatutos a la norma. Al respecto, de las 31
universidades públicas e institucionalizadas a nivel nacional, 16 ya han
elegido a los miembros de su Asamblea Estatutaria.
Es
decir que más del 50% ya ha avanzado con los plazos de la norma. De esas 16, tres ya tienen nuevos estatutos y estas son
la Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, la Nacional del Santa en Chimbote y la Toribio
Rodríguez de Mendoza en Amazonas.
Por
su parte, San Marcos, la más antigua de América, tiene estancado su proceso en
el Comité Electoral debido a que están pidiendo un presupuesto extraordinario
para la elección de su Asamblea Estatutaria. De cumplirse los plazos sin
avanzar en el proceso, esta universidad podría ser sancionada.
Fuente:
LaRepública - José Carlos Díaz Zanelli
