PLENO DEL CONGRESO
ENDURECE
SANCIONES PARA INVASORES DE TERRENOS
El pleno del Congreso aprobó hoy
en su sesión vespertina un dictamen que modifica el Código Penal y Procesal
Penal a fin de establecer duras sanciones para los invasores o usurpadores de
terrenos.
El dictamen aprobado por
unanimidad penaliza el delito de “usurpación clandestina” con cinco años de
prisión en su forma básica, y con hasta diez años de pena privativa de la
libertad cuando tiene algún agravante.
Alberto Beingolea, presidente de
la Comisión de Justicia del Congreso, explicó que el objetivo de esta ley es
combatir el “problema endémico” en que se han convertido las invasiones de
terrenos en todo el país.
Indicó que hasta el momento
existía una carencia de herramientas legales suficientes para combatir esta
ilegal práctica.
Asimismo, destacó que la ley no
solo agrava las penas, sino que pone en vigencia en todo el país el artículo
311 del Código de Procedimientos Penales, el cual permite tomar medidas con
mayor agilidad frente a una usurpación de terrenos.
“Este artículo permite al juez
tomar una medida cautelar de manera que de inmediato se ordene la recuperación
del terreno”, enfatizó.
Según informó el Congreso, el
dictamen establece el “desalojo preventivo” y la devolución de la propiedad en
su legítimo dueño en tres días.
“Se está ampliando el tipo penal
de usurpación de tal manera que abarcará sin ninguna discusión, no solo el acto
de usurpación, sino fundamentalmente el acto de instigación”, manifestó
Beingolea en declaraciones a la prensa tras la aprobación del dictamen.
Por otro lado, el pleno del
Parlamento aprobó también modificar la Ley de Contrataciones del Estado a fin
de fortalecer el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y
garantizar una mayor transparencia en los procesos de contratación del sector
público.
La iniciativa aprobada fue
enviada por el Ejecutivo y dictaminada por las comisiones de Economía y de
Fiscalización.
Se informó que este dictamen
busca fortalecer la institución del arbitraje, así como promover una mayor
participación de postores en los procesos de contrataciones.
Del mismo modo, establece que la
exoneración de concursos de selección de postores sólo procede entre
entidades y en situaciones de
emergencia derivada de acontecimientos
catastróficos que afecten la defensa o seguridad nacional.
No obstante, la exoneración
también procede por razones de orden interno, desabastecimiento y cuando exista
un proveedor único.
El Parlamento destacó que con
estas modificaciones se otorga participación en la contrataciones con el
Estado a la micro y pequeña
empresa, previa opinión de los
ministerios de Economía, Producción y de
Trabajo.
Para agilizar las contrataciones
se plantea utilizar el sistema electrónico y también se establecen severas sanciones para las
empresas proveedoras que contravengan las normas establecidas.
Finalmente, los legisladores
reunidos en el pleno aprobaron por insistencia la autógrafa observada por el
Ejecutivo, que propone extinguir los intereses y moras derivados del
endeudamiento contraído por los afectados del atentado terrorista de la calle
Tarata, en 1992.
La norma señala que se adecuará
el contrato de cesión de posición contractual y compromiso de pago de deuda por
la Municipalidad de Miraflores con el Ministerio de Economía y Finanzas por un
monto de 3 millones 776 mil 596 soles.
Fuente: ANDINA/Oscar Farje
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